Campo de detención de Samos
Buba Balde reside en Grecia. El callo de sus manos no desaparece. El peso de la mochila con los bolsos falsificados que cada día vende sobre una manta en el centro de Atenas lo hace imposible.
La voz cansada de este senegalés es como la de los cerca de 150.000 ’sin papeles’ y solicitantes de asilo que llegaron a la tierra de los dioses mitológicos en 2008. El país, frontera asiática de la Unión Europea, se ahoga por el caos de la inmigración irregular.
La presión migratoria crece a un ritmo imparable. Sólo en los seis primeros meses de este año, las autoridades han detenido a 57.000 personas, más del total de los que lograron llegar en 2004. La mayoría procede de países como Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Irak o Turquía y del norte de África. El viaje está controlado por las mafias que les cobran miles de dólares.
Balde pagó 1.200 euros para cruzar el mar desde la costa turca a la isla griega de Kios. Tras ser detenido mintió, dijo ser somalí para pedir asilo político. Tiempo después le concedieron la ‘Red Card’, una residencia temporal para los refugiados. “El viaje no fue fácil, gente que conocía murió en el agua”. Afirma que lo peor es que nadie le contrata: “El problema no son los papeles, es que no hay trabajo. Lo único que podemos hacer es vender, y cada día ves a la Policía persiguiendo a los senegaleses, les pegan. Eso no es normal, no tienen derecho a hacerlo”, denuncia.
Avalancha de críticas hacia el Gobierno
Al Gobierno del conservador Kostas Karamanlis le llueven denuncias desde organizaciones pro Derechos Humanos sobre brutalidad policial, repatriaciones ilegales e ineptitud ante el problema. El secretario general del Ministerio del Interior, Patroklos Georgiadis, reconoce sin tapujos el hacinamiento y las condiciones de insalubridad en los campos de detención de inmigrantes, a los que llama “centros de acogida especial”: “Seguro que no dan abasto, llegan millares cada año y hay que tener en cuenta que se financian con dinero griego”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirma que se realizan regularmente expulsiones a Turquía, por la fuerza y en secreto, sin tener en cuenta sus necesidades de protección. Georgiadis -quien dice no conocer casos de agresiones por parte de la Policía- lo niega, pero aprovecha para denunciar que sus vecinos no siguen el acuerdo bilateral firmado en 2001. “Es muy sencillo, establece que cada inmigrante ilegal que comprobamos que entra desde Turquía a Grecia debe volver allí. Ankara no reconoce a estos ’sin papeles’ o tarda tanto en hacerlo que ya han salido de los campos de detención”.
En los últimos años, Grecia sólo ha aprobado una media de 1,5% de las solicitudes de asilo, frente al 26% de media en la Unión Europea. En 2008, lo concedieron a 379 personas de las más de 20.000 que lo pidieron. Además, dicha organización criticó el pasado mes de julio el endurecimiento de las condiciones para los refugiados políticos. De hecho, se les impide recurrir si reciben una primera negativa a su solicitud.
Ketty Kehayioylou, representante de la oficina de ACNUR en el país discrepa explica que las autoridades han descentralizado el asunto hacia la Policía. “Muchas veces no tienen los conocimientos para valorar los casos. Hay 30.000 personas que quieren recurrir. Es una contradicción que sea la Policía la que tiene que proteger las fronteras y a la vez, la que examina las peticiones de asilo”. La situación es tan grave su organización se ha negado por escrito a colaborar con este sistema que considera “inaceptable”.
El Secretario General del Interior justifica el cambio en los procedimientos. “Esta decisión se tomó para superar la burocracia, había miles de peticiones. La gente no debe esperar uno o dos años hasta que se examine su petición. Lo que pueden hacer si se les deniega es acudir a los tribunales”.
Años de espera por la falta de recursos
Es cierto que muchos de los solicitantes mienten, como Buba Balde, y también lo es que Grecia no cuenta con intérpretes adecuados, ni con personal capaz de reconocer los rasgos faciales de quienes llegan. Georgia Trismpioti, directora de la sección griega de Amnistía Internacional (AI), denuncia que “en muchos casos, los posibles refugiados o solicitantes de asilo no disponen información ni oral, ni escrita sobre el procedimiento de asilo en las comisarías en los idiomas que hablan”.
La falta de recursos y quizás de voluntad política hacen que cada día crezcan más asentamientos de ‘ilegales’. En la ciudad portuaria de Patras, hace alrededor de un mes, desmantelaron un asentamiento de cientos de personas.
“La capital griega se ha convertido en un vertedero de miseria humana y no puede absorber más inmigrantes ilegales”, aseguraba el prefecto de Atenas, Yannis Sgouros, en la prensa.
En Atenas, a escasos 200 metros de la céntrica plaza de Omonia, hay bloques de pisos en los que se hacinan. En la calle, las opiniones divergen.
“Los inmigrantes están en una segunda posición, no tenemos el derecho de hacer eso. Por ellos no se preocupan, no tienen casa, no tienen trabajo, están enfermos. El Gobierno tiene que trabajar para ayudarles”, se quejaba Elena Perdou. Por su parte, Georgia, de 19 años, advertía: “Sé que vienen de ambientes no seguros, pero eso no significa que tengan que hacer que nosotros sintamos miedo”.
Uno de los que lleva años en el limbo es el iraní Kusha Bahrami, objetor de conciencia que desertó del servicio militar y que además decidió dejar el islam por el cristianismo.
“Cogí mi vida y huí, fui a Turquía y pedí asilo a la ONU, pero estuve detenido ocho meses sin ninguna razón. No sabía por qué estaba en la prisión ni cuánto tiempo iba a estar allí, si iba a ser un día o un año o diez años, eso es muy difícil”. Recuerda con una extraña cansina sonrisa en la boca que tras presiones policiales viajó a Grecia de mano de las mafias. “El primer día, en la primera ciudad, me detuvieron. Les dije que era refugiado y que quería pedir el asilo, pero me llevaron a tres centros de detención diferentes, no tuve asistencia de abogado alguno y dijeron que mis papeles eran falsos sin ni siquiera hacer una llamada de teléfono para comprobarlo”.
‘Mano dura’
Vassilos Gatsas, hasta hace unos meses director de la policía de las islas más cercanas a Turquía aclara, en un encuentro en la isla de Samos, que Grecia es sólo el puente que usan para llegar a Europa. “La vía más rápida para salir de la isla es que la policía les encuentre, les detenga y les lleve al campo de concentración”.
La visita a uno de esos recintos, cárceles a todas luces, estremece. Todos están saturados y hay una inquietante presencia de menores, de bebés. En 2008, los guardacostas griegos informaron de la llegada de 2.648 niños no acompañados -otros muchos no han sido detectados-. Para ellos, el país no tiene por el momento ningún procedimiento especial, aunque el Gobierno trabaja para tener más plazas en lugares abiertos y especializados. De hecho, la Unión Europea y ACNUR desarrollan un plan para mejorar las herramientas de acogida en las islas de Samos, Kios, Lesvos y en Evros.
Mientras, las autoridades locales se salvan las espaldas, y más después de que las pasadas elecciones europeas evidenciaran el aumento del apoyo a la ultraderecha. Una nueva legislación aprobada por trámite de urgencia en el Parlamento a finales de junio aumenta de tres a seis meses el tiempo que pueden permanecer detenidos en Grecia los inmigrantes ilegales. Bajo determinadas circunstancias, ese tiempo se pondrá extender otros 12 meses. AI cree que “la encarcelación no es el modo más adecuado de manejar la crisis de la inmigración”.
La legislación griega prevé dos métodos para ponerles fuera del país: la expulsión o la devolución. En ambos casos tienen derecho a disponer de asistencia letrada y de un intérprete, y si solicitan asilo, su expulsión debe suspenderse hasta que se adopte una decisión sobre su solicitud. Pero la teoría se aleja mucho de la práctica, denuncian.
Fuente: El Mundo
Escrito por refunitees 
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