ACNUR logra reasentar a 50.000 refugiados birmanos en Estados Unidos

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) anunció hoy en un comunicado que ya son 50.000 los refugiados birmanos que han sido reasentados desde los campamentos situados en Tailandia a Estados Unidos.

El reasentamiento desde los nueve campos de refugiados establecidos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania funciona desde el año 2004, aunque experimentó un enorme impulso en 2005, cuando Estados Unidos realizó una oferta para brindar un nuevo hogar a los refugiados de los campos.

Para los refugiados de todo el mundo, la opción preferida mayoritariamente es regresar a sus países de origen. Sin embargo, estos refugiados, que en su mayoría llevan más de 20 años en Tailandia, tienen muy pocas perspectivas de regresar a Birmania a corto plazo y tampoco les está permitido asentarse de manera permanente en Tailandia, informó la agencia.

Por eso, para estos refugiados el reasentamiento en un tercer país es la mejor opción y ACNUR agradece a países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia por ofrecer a los refugiados la oportunidad de comenzar una nueva vida, afirmó ACNUR.

El hombre que se ha convertido en la persona número 50.000 de este proyecto es un profesor de primaria de la etnia karenni que lleva desde 1966 en el campo de refugiados de Ban Mai Nai Soi, en la provincia de Mae Hong Son. Este hombre, junto a su mujer y su hija de dos años, partieron de Bangkok esta mañana, iniciando un viaje de 28 horas y que les llevará a su nuevo hogar en Carden, Nueva Jersey.

Aproximadamente 112.000 refugiados birmanos registrados permanecen en los nueve campos distribuidos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar. ACNUR espera reasentar a entre 6.000 y 7.000 de estos refugiados durante este año.

Fuente: Europa Press

Refugiados-Colombia: Lejos de la tierra, cerca del drama

“Jamás imaginé que tendría que salir de mi país, dejar nuestras tierras, trabajo, gente, nuestra manera de vivir. Fue una decisión que debimos tomar en horas, para no morir”, explica Amalia, una colombiana casada y con dos hijos, que ya lleva siete de sus 42 años de vida residiendo en la periferia de la capital venezolana.

Su situación no es precaria, gana el sustento. Ha trabajado en limpieza de casas, cocinado por encargo y en labores de costura, mientras su esposo, Jaime (nombres ficticios), tiene empleo en reparación de teléfonos celulares y sus hijos han ido a la escuela. Pero carga como una herida abierta la cruz del desarraigo.

“Allá en el Tolima (al sudoeste de Bogotá) teníamos unas pequeñas fincas, siembras de café, pastizales, algún ganado, caballos de paseo, comerciábamos en la ciudad”, rememora para IPS lo que fue su vida hasta 2001. “Todo debimos dejarlo, familiares o relacionados deshicieron esos bienes, todo se perdió, nunca recuperamos ese nivel de vida”, lamenta.

La mayoría de los 200.000 colombianos que han llegado a Venezuela huyendo de la guerra civil en su país en poco más de una década son personas de origen muy humilde y campesinos que venciendo padecimientos y amenazas alcanzan los estados fronterizos del oeste y sudoeste, mezclándose con los lugareños en zonas y actividades rurales.

Amalia, quien dialoga con IPS en la oficina caraqueña del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), llegó con Jaime a Caracas, a 1.000 kilómetros de la frontera con Colombia, porque tenían aquí parientes que les ayudaron a establecerse.

¿Por qué huyeron? “Un día de noviembre de 2001 mi esposo y mi suegro fueron interceptados por una patrulla de las FARC (las insurgentes e izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la que había, qué sorpresa, jóvenes vecinos y trabajadores de una de nuestras fincas”, relata Amalia.

En esa ocasión secuestraron una decena de productores del campo y comerciantes. El suegro fue liberado para que se ocupase de conseguir el rescate de modo perentorio, el equivalente a 300.000 dólares. Entonces Jaime comenzó a llevar la vida de un cautivo.

“Le dieron unas ropas para vestirlo como guerrillero, así servían de escudo por si los atacaba el ejército. Estaban quietos en el día, caminaban mucho de noche, pasaban por fincas y parques nacionales, bajo amenaza constante”, indica. “Jaime siempre decía que esperaba un balazo por la espalda que lo mataría en cualquier momento”, relata.

Portavoces del Frente 12 de las FARC llamaban a la casa de Amalia para decirle que pagara con urgencia o liquidarían a su esposo. Si avisaba a la policía -lo que ella no hizo– descuartizarían a Jaime y le enviarían los pedazos en una bolsa negra. Su hijo mayor, diabético, atravesaba una crisis. El menor no comió ni habló durante días.

Para Amalia fueron los peores días de su vida. Todavía conserva, doblado en cuatro, el papelito donde Jaime garabateó unas líneas para dar cuenta de que estaba vivo. Lo desdobla conteniendo una lágrima. Es un mensaje en el que el padre pide a sus hijos portarse bien, estudiar y obedecer a su madre.

El siguiente episodio lo aportó el azar o el curso de la guerra. Cuando la patrulla de las FARC llevaba a Jaime para juntarlo con cautivos en manos de otra unidad guerrillera, fueron interceptados por el ejército y las primeras balas fulminaron a su custodio más cercano. Unas diez horas después el secuestrado pudo regresar a casa.

Sólo que las malas noticias también regresaron. “Volvieron a llamar los de las FARC para anunciar que se vengarían por la fuga y nos liquidarían a menos que pagáramos el rescate que habían exigido. Tenían nuestros teléfonos intervenidos, cuáles eran nuestras cuentas en el banco y hasta qué era lo que comíamos”, rememora Amalia.

Así, mientras Jaime atendía llamadas de algunas emisoras de radio que buscaban detalles de su rapto y liberación, Amalia maceró la decisión de dejar lo que fuese a cambio de vivir para ver crecer a sus hijos.

Llamaron a la Defensoría del Pueblo y a la organización cristiana Cáritas, y se sumaron a los ahora más de cuatro millones de colombianos -más de 40 millones en el mundo– que dejan atrás lo que han tenido para convertirse en desplazados y refugiados.

A Venezuela llegan anualmente mediante “goteo”, y a menudo simulando ser sólo buscadores de empleo o de fortuna, entre 2.000 y 3.000 colombianos necesitados de refugio, 40 por ciento de los cuales son niños y niñas, según John Fredrikson, responsable de Acnur en Caracas.

Unos 13.700 han solicitado estatuto de refugiado ante la gubernamental Comisión Nacional de Refugiados, cuyo presidente, Ricardo Rincón, informó que hasta este junio han analizado 4.500 solicitudes y aprobado 2.300 de ellas.

Cuando Amalia y Jaime decidieron huir de Colombia “nos ofrecieron ir a Canadá, España o Venezuela”, cuenta la refugiada. “No quisimos países lejanos o con idiomas desconocidos, y como teníamos algunos parientes en Caracas escogimos venir acá”, añade.

Se ha arrepentido unas cuantas veces, porque estima que en Canadá, por ejemplo, con su esfuerzo habría rehecho parte de la prosperidad perdida. “Aquí hemos podido trabajar y estudiar, pero ha sido muy duro, aunque uno no puede esperar que todo se lo den, hay que esforzarse y echar pa’lante por cuenta propia”.

Sin embargo, ella y los suyos se sienten un tanto atrapados. “No podemos llevar la vida que llevábamos allá, no podemos regresar a nuestra tierra porque es muy peligroso, y no calificamos para ir a un tercer país”, se lamenta.

Canadá, como Estados Unidos, Australia o las naciones nórdicas, es de los 14 países que sirven para el reasentamiento de refugiados.

Pero esa figura abarca menos del uno por ciento de los refugiados en el mundo, según cifras de Acnur, y favorece en particular a familias que están en altísimo riesgo en las zonas o países de refugio original.

Amalia se reúne a veces con otros refugiados, se informa de novedades en Acnur, colabora en tareas comunitarias en la ciudadela donde reside y no renuncia al sueño de mejorar sus condiciones de vida si consigue un reasentamiento, aunque, en lo inmediato, se concentra en animar al mayor de sus hijos para que ingrese a la universidad.

Fuente: Costa Rica Hoy

“Tuve que elegir entre la muerte o vivir en otro lugar”

Huyó hace tres años de la guerra en Costa de Marfil, donde fueron asesinados sus padres y su hermana. Jacouba es unos de los trescientos refugiados que cada año solicitan asilo en Málaga

Jacouba besa la camiseta de España. (Foto: Salvador Salas)

“Ser pesimista es pecado”. Ese es su lema. Y seguramente lo que le ha dado fuerza para seguir adelante sin desfallecer. Jacouba Gomba Diarra huyó hace tres años de la guerra en Costa de Marfil, donde sus padres y su hermana fueron asesinados por las distintas facciones étnicas enfrentadas en una lucha fraticida por el poder desde 2002. “Tuve que elegir entre la muerte o la vida en otro lugar”, explica este marfileño, uno de los 300 refugiados que cada año solicitan asilo en Málaga, según el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiados (CEAR), José Manuel Mochón.

A sus 24 años, Jacouba ya sabe mucho de la vida. O peor, de la muerte. Primero asesinaron a su padre, que pertenecía a la etnia ‘dioula’, musulmana y opositora al régimen, con el que vivía en la ciudad de Divu. Huyó entonces con su hermano mayor al norte, a Bouake. Allí se encontró en medio de un enfrentamiento con una facción rebelde en el que perdió a su hermana. Regresó de nuevo a Divu pero allí le quemaron su casa y más tarde mataron a su madre. “Era la ley del más fuerte. Nadie controlaba nada y cada uno se defendía a su manera”, explica.

Con la muerte en los talones, Jacouba salió de su país y se refugió en Benin. Después se marchó a Burkina Fasso; también estuvo en Mali y finalmente llegó a Mauritania. Tras pagar 300 euros consiguió llegar en un cayuco con otras 68 personas más a Tenerife. “Estuvimos tres días en el mar, esperando que en cualquier momento ocurriera la tragedia; que aquel cayuco de apenas siete metros cargado con tantas personas se hundiera. Pasamos mucho miedo”, recuerda.

Lleva cinco meses en Málaga, acogido en el centro que CEAR tiene en la calle Ollerías. Hace tres el Gobierno español denegó a Jacouba su petición para conseguir el estatuto de refugiado. Él no es una excepción. España ha rechazado casi el 98% de las peticiones de asilo que recibió el año pasado.

“El derecho de asilo está cada vez más amenazado en nuestro país”, aseguró Mochón, quien se lamentó de que con la reforma de la Ley de Asilo aprobada el pasado jueves por el Congreso de los Diputados “se ha perdido una oportunidad única para garantizar este derecho”. En su opinión, la modificación aprobada es “mucho más restrictiva” ya que aumenta los supuestos de exclusión y no reconoce a los ciudadanos de la UE como sujetos de este derecho.

Jacouba ha recurrido la denegación de su solicitud, pero no alberga prácticamente esperanzas de que prospere. Ayer, con otros de los 57 refugiados con los que reside el centro de acogida de CEAR, estuvo en el Paseo del Parque participando en la campaña de sensibilización realizada por un equipo de trabajo de la Universidad de Málaga para dar a conocer a la ciudadanía qué es un refugiado.

Con una sonrisa, el joven marfileño repartía propaganda a los transeúntes, mientras que comentaba: “Yo no soy la única víctima de esta dureza”.

Fuente: Sur

El delito de ser inmigrante

Por Dora Fernandez*

En España es fácil detectar a los inmigrantes ya sean sudamericanos, africanos, asiáticos o centroamericanos: sus rasgos raciales los delatan. Pero los datos de empadronados a enero de 2009 indican que, si bien Ecuador, Colombia y Bolivia representan a 940 mil habitantes, quienes conforman la colonia más numerosa son los rumanos y marroquíes con 1 millon 373 mil personas. Y si contamos a sus vecinos de la Europa del este, todos representan el 11% de la población española.

Aquellos que se atreven a cruzar el charco, en su condición de turistas, con contrato de trabajo o amparados por la agrupación familiar, lo hacen impulsados por la necesidad de buscar un porvenir auspicioso para sus herederos. Unos huyen de la violencia, de la falta de oportunidades, del reparto desigual de la riqueza, esta gente se sacrifica y expone sus vidas en cayucos, no importa si son afectados por el síndrome de Ulises o la nostalgia.

La mayoría ocupan puestos de menor importancia. Han encontrado lugar en una sociedad que no es la suya, ingresando por los agujeros negros que existen. Algunos tienen formación académica y la mayoría no la posee. Antes de la crisis ellos hacían el papel de canguros, albañiles, cuidadores de ancianos, meseros, pero como los tiempos han cambiado ahora compiten con los nacionales por esos puestos que antes estos últimos evitaban.

Los latinoamericanos que eligen España lo hacen porque se sienten hermanados por el idioma, la cultura. Si se quedan como ilegales se convierten en seres invisibles que son tratados como el pariente pobre que nadie acepta y están dispuestos a trabajar en lo que sea y por lo que sea. Hay expertos que aseguran que a España viene gente con menor instrucción que quienes optan por ir a tierras del Tío Sam, allí donde se considera el pago por su rendimiento.

Los españoles, por los vínculos históricos que unen a estos colectivos con el viejo continente, han optado por invitarlos al retorno voluntario con la capitalización del seguro de desempleo a cambio de no volver a España en cinco años, pero sólo 4,000 se han acogido a este beneficio, según la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumi. Se han propuesto luchar sin tregua contra la inmigración irregular.

La estrategia no es novedosa, tanto Alemania como Francia lo intentaron y no funcionó. También los rumanos que vuelvan a su país podrán cobrar el paro que hayan generado en España, pero aunque el dinero es un acicate no lo es todo. El sistema de bienestar español es mejor que el de Rumania y el salario mínimo apenas llega a los 150 euros, sus alimentos básicos son más caros. Por eso ellos se quedarán, porque además en esta parte del mundo no sufren la cruel discriminación que sí ejercitan los italianos. Allí donde las reglas se han deshumanizado para los sin papeles, que ni siquiera podrán registrar a sus hijos recién nacidos.

Algunos no tienen salida, han sido atrapados por la deuda hipotecaria, les faltan casi 30 años para cancelar una vivienda de 70 metros cuadrados que significa 1,500 euros mensuales, es decir, trabajan sólo para pagar el banco, están arrepentidos de su adquisición, ellos prefieren retornar, son las víctimas silenciosas de la crisis inmobiliaria.

Pero los inmigrantes son votos aquí y en el resto del mundo. Pocos países han hecho como Canadá, que tiene un modelo migratorio digno de imitar. En los Estados Unidos llegan a 12 millones los ilegales y todos ellos han ido tras el sueño de ”el país de las oportunidades”, allí donde no cuente el color de la piel, la raza o la religión, sino el respeto a las leyes, la lengua, el amor al trabajo y la posibilidad real de tener una vida digna.

Yesta situación no la ignora su primer mandatario, que es fruto de una fusión de razas y que está consciente de que los inmigrantes están esperando que él logre convertir en realidad la reforma de la inmigración. Como decía Vargas Llosa, “es necesario que se reconozca a los inmigrantes la función indispensable que juegan en la economía nacional y que se eliminen las disposiciones que todavía mantienen a muchos en la marginalidad”.

Un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard reveló que más de la mitad de las nuevas empresas de Silicon Valley fueron fundadas por inmigrantes de la década pasada y estas compañías daban empleo a 450 mil trabajadores, es decir, constituían un valioso aporte para el país que los había cobijado.

* Periodista peruana

Fuente: El Nuevo Herald

España aumenta la retención de inmigrantes ilegales hasta dos meses

Inmigrantes clandestinos subsaharianos en una playa tinerfeña.

La reforma de la ley de Extranjería aprobada este viernes por el Gobierno aumentará hasta 60 días el periodo de retención de inmigrantes ilegales antes de su expulsión y permitirá que sean asistidos por una ONG.

El proyecto de ley “perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración ilegal y favorece la integración”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión semanal del consejo de ministros.

El nuevo proyecto de ley de Extranjería limitará la suspensión del internamiento de los inmigrantes irregulares “a los supuestos de solicitud de asilo o hábeas corpus, por un tiempo tasado”, al tiempo que permitirá a las ONG entrar en los centros de internamiento para asistir a los inmigrantes.

El Ejecutivo también ha previsto rebajar de diez a cinco el número de años en los que un inmigrante no puede volver a España tras ser expulsado por estancia irregular, aunque “se impondrán plazos de prohibición de entrada adecuados a las circunstancias de los extranjeros repatriados”.

“El proyecto incorpora también el desarrollo de un nuevo registro de entradas y salidas de los extranjeros en nuestro país para mejorar el control preventivo de la estancia irregular”, según el Gobierno español, cuya número dos consideró que con esta nueva ley se pasa “de una ley de extranjería a una ley de inmigración”.

El proyecto de Ley es “equilibrado y garantista”, añadió De la Vega, recordando que el Gobierno es “consciente de que la inmigración es ya una realidad de la que forman parte 4,5 millones de extranjeros”.

El proyecto de reforma de la Ley de Extranjería había sido aprobado por el consejo de ministros en diciembre de 2008, pero desde entonces ha sido modificado para añadir sugerencias de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Foro para la Integración de los Inmigrantes y el Consejo Económico y Social, entre otros.

El texto contempla la reagrupación familiar nuclear, es decir, del cónyuge y de los descendientes, “aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o existan razones humanitarias”, explicó De la Vega, destacando que incluye a las parejas de hecho.

En cambio, ahora se otorga “desde el principio, una autorización para trabajar a los reagrupados en edad laboral”, según el Gobierno.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya había adelantado que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero daría un permiso de trabajo a los hijos reagrupados de entre 16 y 18 años.

Al mismo tiempo, la nueva ley aborda el problema de la violencia de género, permitiendo a las mujeres extranjeras maltratadas contar con “una autorización de residencia por circunstancias excepcionales”.

La vicepresidenta detalló que el texto ha sido enviado al Congreso de los Diputados solicitando su tramitación “por el procedimiento de urgencia” para una rápida entrada en vigor.

Fuente: AFP

Broward abre puertas a más refugiados

El ingeniero Horacio Medina se vio forzado a huir de Venezuela, en 2005, e instalarse en la ciudad de Weston junto con su esposa y tres hijos.

Según él, su oposición a la politización de PDVSA, la empresa petrolera de su país, no sólo le significó la pérdida de su cargo gerencial, sino “el permanente acoso del gobierno”.

“Mi salida del país fue una decisión obligada ya que se dictó una medida privativa de mi libertad por cargos absurdos de sabotaje e incitación a la violencia, tan sólo por estar en contra del mal manejo de PDVSA”, dice este caraqueño de 56 años.

Como Medina, en los últimos cinco años, 2,188 venezolanos se han refugiado en el estado de la Florida.

El aumento de asilados venezolanos es una muestra del drama que experimentan inmigrantes latinoamericanos obligados a abandonar sus países de origen por la convulsión política que allí se vive, asegura Hiram Ruiz, director del Departamento de Refugiados de la Florida.

Ante esta realidad los condados de Broward y Palm Beach no se han mantenido al margen y han abierto las puertas de sus ciudades, donde precisamente el pasado sábado 20 se festejó el Día Mundial del Refugiado.

Sólo en el último lustro, en ambos condados se han establecido 14,000 refugiados y asilados provenientes al menos de 71 países.

De acuerdo con Ruiz, la mayoría de ellos son cubanos, haitianos, colombianos y venezolanos.

En el año fiscal 2008, de los 1,195 refugiados que llegaron a vivir a Broward 673 son cubanos, 230 haitianos, 125 colombianos, 74 venezolanos, 40 birmanos y 27 iraquíes.

“Cada año la Florida recibe más refugiados que cualquier otro estado del país”, detalla Ruiz en entrevista con el Sentinel.

“En el caso de los colombianos, la violencia política sigue siendo una de las principales razones para solicitar el refugio”, agrega.

Ayuda permanente
Ruiz precisa que a pesar de la crisis económica que enfrenta Estados Unidos, el programa de asistencia a los refugiados no ha sufrido recortes significativos.

El funcionario enfatiza que el presupuesto de $80 millones transferidos por el gobierno federal permitirá continuar con el desarrollo de diversos programas de asistencia a estos nuevos inmigrantes.

La ayuda consiste, por ejemplo, en la entrega de dinero en efectivo a través del Programa de Asistencia Económica durante los ocho primeros meses de haberse establecido en el país. El monto promedio asignado es de unos $180 por persona al mes, o unos $380 por familia, precisa Ruiz.

Esta ayuda también se traduce en vales de alimentos, el pago por el cuidado de niños en guarderías infantiles, asistencia médica gratuita, consejería legal para la obtención de la tarjeta de seguro social y permisos de trabajo así como orientación laboral y el pago de clases de inglés durante los primeros cinco años de refugio, entre otros beneficios.

“Nuestra preocupación es ayudar a los refugiados en esta primera etapa y que de a pocos puedan establecerse, estudiar inglés para superarse y conseguir un trabajo”, finalizó.

Fuente: El Sentinel

La nueva Ley de Asilo protegerá a niños, gays y discapacitados

Deja fuera a los residentes de la UniónEuropea, lo que ha provocado quejas de partidos y organizaciones como AI

El Congreso aprobó ayer, con los votos a favor todos los grupos políticos a excepción de IU-ICV-ERC, una nueva Ley de Asilo que establece un proceso más garantista y refuerza la protección de mujeres, niños, discapacitados y homosexuales, pero deja fuera a los ciudadanos de la Unión Europa. La normativa llegará al Senado cuando se reanude el periodo de sesiones tras las vacaciones de verano y será aprobada, previsiblemente, antes de que acabe el año.

El texto, que ha sido pactado por PSOE, PP y CiU, recupera la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados, y garantiza la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en todas las etapas del proceso de solicitud. Los partidos coincidieron en destacar que la nueva ley mejora las garantías y el procedimiento, acorta los plazos, garantiza la confidencialidad e incorpora las cuestiones de género e identidad y orientación sexual como motivos para solicitar asilo. Además, desaparece el procedimiento abreviado y se detalla un procedimiento de urgencia, que cuenta con las mismas garantías que el ordinario, incluida la posibilidad de presentar un segundo informe en los casos en que se deniegue la petición.

Críticas
ERC, IU-ICV y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa de los refugiados han cuestionado que la ley niegue el derecho de los ciudadanos europeos comunitarios a pedir asilo, “como si en la UE fuera inconcebible que haya personas perseguidas por su raza o su orientación sexual”, subrayó el diputado de ERC Joan Tardá. También el PNV criticó este punto por considerar que la UE está formada por 27 países cuyos ordenamientos jurídicos no son igual de garantistas ni defienden “con igual celo” los derechos de los ciudadanos, argumentó Emilio Olabarria.

Pese a su colaboración con los diputados, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional (AI) no se han dado por satisfechos, como demuestra una carta que han enviado a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que no desaprovechen la “oportunidad de mostrar su compromiso real y efectivo con el derecho de asilo, en particular, y con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”.

Así, estas organizaciones critican que la nueva ley “convierta el asilo en una víctima de las políticas comunitarias obsesionadas con el cierre de fronteras”. En esta línea, lamentan que no se incluya a los residentes en la UE, el aumento de las causas de exclusión con “fórmulas jurídicamente imprecisas” y la ampliación de plazos de detención al entrar a un país.

Fuente: El Correo Digital

Desplazados en su propio país, muchos durante décadas

El Consejo de Europa estima que hay unos 2,5 millones de personas en esta situación en 11 de los 47 países pertenencientes a esta institución.

Conflictos congelados como el de Alto Karabaj, Osetia del Sur, Chechenia o Chipre alimentan el limbo en el que viven muchos de ellos.

“Es gente que vive entre nosotros. Estamos hablando de europeos, hay 2,5 millones de desplazados. No tienen los mismo derechos que tú o yo: viviendas, escuelas, hospitales, el derecho a moverse libremente, votar”, comenta la representante del Comité sobre la Migración del Consejo de Europa.

El Parlamenteo del Consejo de Europa propone la integración temporal o duradera de los desplazados a la espera de una solución de los conflictos territoriales y étnicos en estos países.

“Hay dos focos en Europa: uno es el sur del Cáucaso, con Georgia y Azerbaiyán, el otro, la región de los Balcanes, con Bosnia, Serbia y Kosovo. Allí hay conflictos congelados, personas que no pueden regresar a sus hogares. Muchas permanecen durante años en refugios colectivos al margen de la sociedad”, comenta el representante de la ONU para los desplazados.

El Consejo de Europa apoya el derecho de retorno de estos refugiados pero cree que no es incompatible con la integración legal y económica de estas personas, algo que Azerbaiyán está realizando con cierto éxito.

Fuente: Euronews

Ecuador pide ayuda internacional para atender el drama de 135.000 refugiados colombianos

El ministro ecuatoriano de Seguridad interna y exterior, Miguel Carvajal. (Foto: EFE/Archivo)

Ecuador hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que se reconozca el drama humano que supone la presencia de 135.000 refugiados colombianos allí, así como el esfuerzo económico que realiza Quito para atenderlos, al tiempo que negó cualquier tolerancia con la guerrilla colombiana.

El ministro ecuatoriano de Seguridad interna y exterior, Miguel Carvajal, presentó ante la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y ante la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos la situación que vive Ecuador, convertido en el país latinoamericano con mayor presencia de refugiados como consecuencia del conflicto interno de Colombia.

“Se trata de la situación de refugiados más importante del Hemisferio occidental, pero es poco conocida en la escena internacional. Por ello, nuestro objetivo es que se identifique este problema a nivel internacional, porque atañe a los derechos humanos, y que se reconozca el esfuerzo enorme que hace Ecuador”, declaró Carvajal, en entrevista con Efe.

El ministro recordó que la mitad de los 135.000 colombianos con estatuto de refugiados “viven en la frontera norte de Ecuador con Colombia, una región pobre, y no viven en campamentos de refugiados sino en las comunidades locales”.

Por ello, Ecuador pidió el pasado año un apoyo financiero de 23 millones de dólares a ACNUR para apoyar los programas de ayuda a estas comunidades de acogida y a los refugiados hasta 2011, unos fondos que, sin embargo, no se han cubierto.

“La nuestra es una política de brazos abiertos, solidaria, pero que implica gastos en salud, educación, energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares”, señaló Carvajal.

A ello se suma el enorme gasto en seguridad y reequipamiento militar que ha debido hacer para frenar la entrada de grupos irregulares desde Colombia.

“La frontera norte de Ecuador ha visto agravarse los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente al Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos instalados en la misma frontera, a ambos lados”, señaló el ministro.

Y en el lado colombiano -agregó- hay un control de las fuerzas irregulares, las FARC, el ELN y paramilitares que se disputan el territorio, y una débil presencia del Estado colombiano.

“Hablamos de cerca de 3.000 efectivos en el mejor de los casos, y de dos puestos de control estables y dos móviles, en una frontera de 700 kilómetros, donde el 80 por ciento es selva. Es una frontera muy permeable, donde los grupos irregulares cruzan al Ecuador, son repelidos, y hay intentos de control de corredores para la explotación de narcotráfico”.

“Y en esas circunstancias recibimos a los colombianos que huyen del conflicto”, señaló.

Carvajal señaló que Ecuador tiene desplegados en la frontera norte a unos 7.000 efectivos permanentes, que pueden llegar a 11.000 efectivos.

“Las fuerzas armadas cuentan con 40.000 efectivos, y la mitad son conscriptos, voluntarios que según la constitución no pueden ser destinados a lugares de riesgo militar, y la otra mitad profesionales, es decir que de 20.000 profesionales llegamos a tener hasta 11.000 en esa región”, afirmó.

Y mantener esa presencia militar “significa al menos 100 millones de dólares al año, aparte de las inversiones que Ecuador ha debido hacer en reequipamiento militar después del bombardeo colombiano” a un campamento clandestino de las FARC en suelo ecuatoriano en marzo de 2008, agregó.

“En el Ecuador hay una presencia territorial de las fuerzas armadas, y muchas veces del otro lado de la frontera no tenemos control militar o policial colombiano, tenemos a la guerrilla”, dijo.

Y acerca de las alegaciones colombianas sobre el supuesto apoyo de Ecuador a la guerrilla, Carvajal aseguró que “se trata de un argumento político para esconder el problema que tiene Colombia. Ese argumento muestra sus propias debilidades, porque en Ecuador hay un control territorial y en Colombia no”.

“El gobierno ecuatoriano ha expresado con claridad que no tolerará la presencia de ningún grupo armado irregular, y si decimos que hay tolerancia significa desconocer el problema y el esfuerzo que realiza Ecuador los últimos dos años y medio”.

Y subrayó que “si Colombia conoce la ubicación de miembros de las FARC que nos la indique, tenemos un mecanismo de comunicación militar y policial permanente desde mayo de 2008″, que funciona a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas.

Fuente: Qué

Refugiados por cambio climático no inundarían las naciones ricas

Los inmigrantes desarraigados por el cambio climático en las zonas más pobres del mundo probablemente sólo se desplacen a nivel local, contrariamente a las predicciones de que cientos de millones de personas se marcharán a los países ricos, dijo el miércoles un estudio.

La investigación del Instituto Internacional para el Medioambiente y Desarrollo (IIED por sus siglas en inglés), un grupo de expertos sin ánimo de lucro con sede en Londres, ha desafiado la percepción común en el mundo desarrollado de que oleadas de refugiados intentarán trasladarse allí permanentemente para escapar del impacto del calentamiento global.

Por ejemplo, muchos agricultores que luchan por cultivar suficiente comida mientras cambian las estaciones dejarán sus casas para buscar trabajo en localidades cercanas sólo para períodos cortos, dijo el estudio.

“Parece improbable que las predicciones alarmistas de cientos de millones de refugiados por el medio ambiente se trasladen a la realidad”, dijo el estudio, presentado en una conferencia sobre cambio climático y población organizada por el IIED y las Naciones Unidas.

“Las experiencias pasadas sugieren que los traslados en distancias cortas y a corto plazo probablemente se incrementarán, y que los más pobres y vulnerables en muchos casos no podrán desplazarse”, añadió.

El estudio dijo que la incertidumbre sobre las esperadas consecuencias del calentamiento global – incluido un clima más extremo y el aumento del nivel del mar – y los datos deficientes sobre emigración dificultan pronosticar con exactitud cuánta gente se verá desplazada por el cambio climático.

Las estimaciones que se citan frecuentemente abarcan desde los 200 millones hasta los 1.000 millones para el 2050, destacó.

La investigadora del IIED, Cecilia Tacoli, dijo que existe el riesgo de que el alarmismo sobre la emigración relacionada con el cambio climático en el mundo desarrollado lleve a políticas que fracasan a la hora de proteger a los más vulnerables.

“Nadie parece tener la percepción de que (la migración) es una parte esencial de la vida de la gente”, declaró Tacoli a Reuters. “Para alguna gente es una estrategia extremadamente buena desplazarse para obtener mejores empleos y mejor nivel de vida”.
El informe dijo que, ya que muchos gobiernos y agencias internacionales ven la inmigración como un problema que necesitan controlar, se están perdiendo oportunidades para desarrollar políticas que podrían incrementar la flexibilidad de la gente hacia el cambio climático.

Estas incluyen ayudar a los gobiernos locales y otras instituciones en pequeñas localidades rurales para crear empleos, suministrar servicios básicos y compartir recursos naturales de forma más justa.

Incluso en los pequeños estados isleños y regiones costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar, las cifras de gente que abandone sus hogares dependerá de las medidas del Gobierno y de la comunidad para adaptar el uso de la tierra y mejorar las infraestructuras y los métodos de construcción, según la investigación.

Fuente: Reuters América Latina